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¿QUE DICE LA DEFENSA PÚBLICA SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS PÚBLICAS EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS EN CHUBUT?

Conocé el informe completo realizado por el Ministerio de la Defensa Pública.

La Resolución Provincial replica, con pequeñas modificaciones, el contenido del “Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas”, presentado por el Ministerio Nacional con competencia en la materia ante el Consejo de Seguridad en Febrero de 2016. Este instrumento no se plasmó posteriormente en un Decreto o Resolución que le otorgara vigencia al mismo.

b) Choque de derechos: ¿Cuál debe primar?

A diferencia de lo contemplado en regulaciones nacionales contemporáneas de igual o mayor jerarquía, en el Protocolo provincial no surge una protección expresa al derecho a la protesta.

Verbigracia, en el Artículo 99 de la ley 5688/16 que regula el Sistema de Seguridad Pública de CABA se indica: “La intervención policial en concentraciones o manifestaciones públicas debe garantizar el respeto y la protección de los derechos de los participantes”. Mientras que en la Resolución 210/11 del Ministerio de Seguridad de Nación, se establece “El objetivo fundamental de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los participantes”.

En los considerandos de la Resolución Provincial se argumenta que las manifestaciones públicas, “son un modo de expresar derechos que se encuentran protegidos por nuestra Carta Magna, que en su amparo constitucional avala el derecho a peticionar ante las autoridades, el de libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de huelga”. Pese a ello, se condiciona su ejercicio a que las protestas no afecten los derechos de otras personas.

Las limitaciones señaladas se evidencian en los siguientes apartados: “debiendo garantizar la libre circulación de las personas y bienes”; “deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación, dando a conocer que su negativa constituye la comisión de un delito penal”; “se procederá a intervenir y encauzar la manifestación”.

Estos condicionamientos desnaturalizan la esencia de las manifestaciones públicas.

Vale la pena destacar algunos de los argumentos escogidos en la Resolución, a efectos de abordar los intereses contrapuestos:

“el derecho de una persona finaliza cuando comienza el derecho del otro”; y “colocando al orden público por encima de todo”.

El Protocolo determina que nociones genéricas como «orden público» se imponen al complejo de derechos involucrados en la protesta (libertad de expresión, reunión, peticionar a las autoridades, etc.) contenidos en la constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Internacional de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Sobre el particular se ha expedido con nitidez la Corte Interamericana al establecer: “…debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el ‘orden público’ o el ‘bien común’ como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real. Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las ‘justas exigencias’ de ‘una sociedad democrática’ que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención”.

La Comisión Interamericana, en su informe de 2015 sobre esta problemática en el continente, indicó: “Los hechos registrados durante el período cubierto por el presente informe exponen que en nuestra región es frecuente que las autoridades subordinen el ejercicio del derecho a la protesta social al presunto mantenimiento de intereses colectivos como el orden público y la paz social, basándose en la vaguedad o ambigüedad de estos términos para justificar decisiones restrictivas de los derechos. La noción de orden público y paz social que se impone parece preocupada únicamente en garantizar el orden como una expresión del poder del Estado y privilegiar los derechos e intereses de quienes se puedan ver afectados circunstancialmente por las protestas.

La relación entre protesta, libertad de expresión y democracia es un círculo de retroalimentación que se cierra del siguiente modo: la protesta tiene por fin restablecer un derecho vulnerado mediante un ejercicio expresivo que supone comunicar la carencia que se pretende solucionar o restaurar, y en esencia se trata de un acto democrático, de participación ciudadana, pues se plantea como destino lograr progresos, mejoras o beneficios para una minoría afectada por una necesidad determinada.

A nuestro entender, el origen de todo análisis debe partir de que la ciudadanía no elige evitar los canales tradicionales por mera voluntad, sino porque fallan las vías institucionales ordinarias. Cuando es así, sobrevuelan más razones para entender -y soportar- que un grupo de manifestantes recurra a sendas útiles para interpelar a quien detenta el poder.

Gargarella nos ayuda a desentrañar esta contradicción de intereses “Si hay decenas de derechos en juego, como es lo que puede pasar en un corte de ruta, entonces tenemos que hacer el máximo esfuerzo por preservar aquellos derechos que estén más cerca del corazón de la Constitución. ¿Y cuál es el corazón de la Constitución? Según entiendo, ese núcleo duro que tiene que ver con las reglas básicas del juego democrático.

Creo que en ese núcleo básico, derechos como los vinculados, por ejemplo, a la libre expresión, conservan un lugar central”

c) Perspectiva de Derechos Humanos en la Seguridad Ciudadana
Se afirma que el Protocolo ha sido elaborado “a los fines de garantizar la libertad de todos, en el marco de la constitución de un nuevo paradigma de la concepción de la seguridad pública, entendiendo la misma como un derecho humano que permita a las personas realizarse en una sociedad amigable y vivir en paz”.

Buceando en la doctrina sobre el nuevo paradigma presentado por el Ministerio de Gobierno, nos encontramos con algunas definiciones interesantes que traemos a colación para enriquecer el debate.

“Así, desde la perspectiva de los derechos humanos (…) el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados”
“Por otro lado, la actividad de la fuerza pública legítimamente orientada a la protección de la seguridad ciudadana es esencial en la consecución del bien común en una sociedad democrática. (…) Los derechos humanos como límites al ejercicio arbitrario de la autoridad constituyen un resguardo esencial para la seguridad ciudadana al impedir que las herramientas legales con las que los agentes del Estado cuentan para defender la seguridad de todos, sean utilizadas para avasallar derechos. Por lo tanto el respeto y la adecuada interpretación y aplicación de las garantías establecidas en la Convención Americana deben servir a los Estados miembros como guía para encauzar la actividad de la fuerza pública en el respeto de los derechos humanos”.

A la luz del análisis realizado, podemos concluir que el aporte de la perspectiva de Derechos Humanos a la seguridad ciudadana, consiste en fijar los límites al ejercicio legítimo del accionar policial.

d) Cuestiones no abordadas en el Protocolo

Consideramos que se ha dejado pasar una oportunidad para regular aspectos de relevancia en lo que respecta a manifestaciones sociales.

d. 1. Identificación del personal interviniente

La obligación de identificación por parte de la Policía es una cuestión problemática que data de mucho tiempo atrás en nuestra provincia.
Esta circunstancia genera inconvenientes en materia de identificación de miembros de la fuerza, que en ocasión de una manifestación pudieran resultar imputados de hecho ilícito en perjuicio de manifestantes. La situación se agrava al contemplar que en ocasiones suele intervenir personal de divisiones especiales, donde las capuchas forman parte de su vestimenta.

De hecho esta falencia ha sido advertida por jueces de nuestra provincia. En el año 2011 se realizó en la localidad de Esquel un juicio por presuntos hechos delictivos por parte de policías de la provincia en el marco de procedimientos acontecidos en la localidad de Corcovado.

En la sentencia absolutoria, el Tribunal interviniente dejó sentado “Otro tema que preocupa es la falta de identificación de los miembros del Grupo GEOP. En tal sentido hemos también acordado que debieran estos policías estar identificados de alguna manera. Si bien reconocemos que deben estar con capuchas o con el rostro cubierto por una cuestión de seguridad (que sean ignifugas), ello no quita que en otra parte de su vestimenta este bien claro su identidad o al menos algún dato que luego permita su identificación. Así se podría controlar y sancionar correctamente los excesos que puedan cometer dichos agentes”.

d. 2. Ausencia de especialistas en resolución alternativa de conflictos
En relación a la generación de instancias de conciliación o mediación, el Protocolo es sucinto al sostener “La fuerza de Seguridad Provincial comunicará tal situación en forma inmediata al Ministerio de Gobierno a fin de establecer una negociación con sus referentes y hacer cesar el corte”.

Advertimos como problemático la falta de participación de personal civil, formado en abordajes alternativos en la resolución de conflictos, capaces de encaminar la negociación eficazmente.

d. 3. Uso de armas no letales

Destacamos el acierto en torno a la prohibición expresa del uso de armas de fuego con municiones de poder letal al personal interviniente en Manifestaciones.

Consideramos que el Protocolo debiera contemplar la regulación del uso de aerosoles de gas pimienta, pistolas lanza gases, postas de goma y armamento anti-tumultos.

La Comisión Interamericana ha expresado sobre este aspecto: “En el caso de las armas menos letales utilizadas en el contexto de protestas sociales, la Comisión advierte su frecuente efecto indiscriminado.

Este es el caso de los gases lacrimógenos y de los dispositivos de disparos a repetición que, en ocasiones, son utilizados para disparar proyectiles de goma, recubiertos de goma, de plástico o caucho. El uso de este tipo de armas debe ser desaconsejado, debido a la imposibilidad de controlar la dirección de su impacto”.

d. 4. Regulación de videos e imágenes

El Protocolo establece “En las medida de las posibilidades, se procederá a las filmaciones (video y audio) y a la fotografía de los operativos, para el caso de ser requeridas posteriormente por la justicia, o permitan evaluar el desempeño del personal interviniente”.

La falta de especificidad en este aspecto, impedirá el manejo adecuado de las evidencias fílmicas. Ello trae aparejado problemas a la hora de investigar eventuales sucesos delictivos.

d. 5. Adecuada protección de la libertad de prensa

La Resolución reconoce el “derecho constitucional a la libre circulación a fin de realizar la cobertura” pero a continuación condiciona su ejercicio definiendo: “los periodistas no obstaculizarán los operativos de la fuerza de seguridad ni interferirán en el desarrollo de sus hechos”.

Una regulación que respete la libertad de prensa debe garantizar que los y las periodistas no sean molestados en el ejercicio de su profesión, durante la realización de las manifestaciones públicas.

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